¿Una sentencia que puede hundir tu defensa? La STP7114-2025 y el control fragmentado de búsquedas selectivas en bases de datos

 ⚖️ Análisis Crítico

¿Una sentencia que puede hundir tu defensa?

La STP7114-2025 y el control fragmentado de búsquedas selectivas en bases de datos

Por el equipo de ABCJuris Investigadores y Peritos Forenses

Imagina que tienes una orden judicial para hacer 200 búsquedas selectivas en diferentes bases de datos. Ahora imagina que la Corte Suprema te dice que por cada respuesta que recibas, debes hacer una audiencia de control posterior dentro de las 36 horas siguientes. ¿Suena descabellado? Pues eso es exactamente lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP7114-2025 del 8 de abril de 2025.

¿De qué trata la STP7114-2025?

Los hechos del caso: El 6 de noviembre de 2024, el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín autorizó a la Fiscalía 29 Especializada una búsqueda selectiva en bases de datos para ubicar a una señora. La orden incluía más de 10 entidades diferentes: Bancolombia, Davivienda, Supergiros, EPS Sura, SIMIT, RUNT, SISBÉN, Departamento Nacional de Planeación, Claro, Movistar, Tigo y Wom.

Entidad	Fecha de respuesta
Claro	12 de noviembre de 2024, 8:41 a.m.
Movistar	12 de noviembre de 2024, 11:00 a.m.
EPS Sura	14 de noviembre de 2024
SIMIT	14 de noviembre de 2024
Tigo	14 de noviembre de 2024
Supergiros	18 de noviembre de 2024
CIFIN	20 de noviembre de 2024
Davivienda	22 de noviembre de 2024
RUNT	25 de noviembre de 2024
DNP y SISBÉN	28 de noviembre de 2024

La Fiscalía esperó a tener todas las respuestas y el 29 de noviembre de 2024 acudió al juez para una sola audiencia de control posterior acumulada. El Juzgado 13 Penal Municipal negó la legalización de la mayoría de las respuestas, argumentando que cada respuesta debía ser controlada dentro de las 36 horas siguientes. La Fiscalía apeló y el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín confirmó la decisión. La Fiscalía interpuso una acción de tutela que llegó hasta la Corte Suprema.

⚠️ Lo que dijo la Corte Suprema:
La Sala de Casación Penal, en ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, confirmó el fallo y negó el amparo.

1. Interpretación literal del artículo 244 del CPP: Cada respuesta de cada base de datos es una "culminación" independiente.
2. Afectación individual de derechos fundamentales: "Cada base revisada es individual y en cada una se verifican datos que afectan el derecho a la intimidad del investigado".
3. Rechazo al argumento de eficiencia: El argumento de congestión judicial es "constitucionalmente inadmisible".
4. Excepción legal: El control global solo aplica para GAO o GDO.

El problema práctico: ¿Y si tienes 200 búsquedas?

Como investigador judicial de la defensa desde 2004, he vivido en carne propia lo que significa tener que manejar decenas o incluso cientos de búsquedas selectivas en un solo caso. La sentencia STP7114-2025 crea un problema gigantesco:

• Si tienes 30 búsquedas: Tendrías que hacer 30 audiencias.
• Si tienes 50 búsquedas: 50 audiencias.
• Si tienes 200 búsquedas: 200 audiencias.

¿Y qué pasa si te llegan tres respuestas en un mismo día? Pues según la Corte, tendrías que hacer tres audiencias diferentes ese mismo día. ¿Suena absurdo? Pues es la ley, según la interpretación de la Corte.

Argumentos para controvertir la sentencia

1. Interpretación teleológica (finalista): La Corte Constitucional (C-014 de 2018 y C-1092 de 2003) ha precisado que el control posterior verifica si "el despliegue ha respetado los derechos fundamentales". Esa verificación puede hacerse de manera global.

2. Interpretación sistemática: El artículo 244 regula la "Búsqueda selectiva en bases de datos" en singular, indicando que el legislador la concibió como una unidad.

3. Principio de proporcionalidad: La carga procesal de múltiples audiencias es desmedida en comparación con el beneficio marginal en protección de derechos.

4. Vulneración del derecho a la defensa técnica: Asistir a 50 audiencias es materialmente imposible de gestionar con la debida preparación técnica.

5. Aplicación analógica: En allanamientos e interceptaciones, el control se realiza al final del acto, no por cada resultado parcial.

6. Inconstitucionalidad por celeridad: Vulnera el artículo 229 de la Constitución (administración de justicia rápida y eficiente).

¿Qué pueden hacer los abogados defensores?

📝 Nota del autor: Lo que a continuación se sugiere no es más que una opinión humilde de quien escribe este artículo, fruto de la experiencia y el análisis de la sentencia. No se presenta como una verdad absoluta ni como un mandato de obligatorio cumplimiento. Se deja a criterio de cada profesional del derecho que decida qué paso debe seguir o cómo actuar en cada caso concreto. Lo que se pretende es plantear un análisis con diferentes visiones o puntos de vista, evaluarlos y sacar conclusiones que quizá puedan servir a los lectores de este artículo. Cada caso es un mundo y cada estrategia debe ser adaptada a las circunstancias particulares.

Estrategia 1: Solicitar en la audiencia previa que el control sea global

Cuando solicites la audiencia previa para la búsqueda selectiva en bases de datos, argumenta desde el principio que el control posterior debe ser global y no fragmentado. Plantea al juez:

"Señor juez, solicito que en esta audiencia previa se establezca que el control posterior de la búsqueda selectiva se realizará de manera global, una vez se hayan recibido todas las respuestas de las bases de datos consultadas, en aplicación de una interpretación teleológica y sistemática del artículo 244 del CPP, y en observancia de los principios de proporcionalidad, celeridad y eficiencia procesal."

Estrategia 2: Argumentar la inconstitucionalidad

Si el juez insiste en el control fragmentado, argumenta que esa interpretación vulnera el principio de celeridad, el derecho al debido proceso y el principio de proporcionalidad.

Estrategia 3: Acudir a la acción de tutela

Si un juez niega la legalización por aplicar el criterio fragmentado, interponer una acción de tutela argumentando vulneración de derechos fundamentales.

Estrategia 4: Demanda de inconstitucionalidad

La vía más compleja pero contundente: promover una demanda de inconstitucionalidad contra la interpretación de la Corte Suprema.

La carga argumentativa en la audiencia de control posterior

Quien ha asistido a una audiencia de control posterior de búsqueda selectiva en bases de datos sabe que no es un trámite menor. El abogado debe presentar al juez cada una de las respuestas obtenidas y sustentar, respecto de cada una, los siguientes elementos:

• Fecha y hora exacta en que llegó la respuesta.
• Necesidad: por qué era indispensable obtener esa información.
• Urgencia: si existía alguna circunstancia que justificara la inmediatez.
• Conducencia: si la información era legalmente admisible.
• Pertinencia: si la información estaba relacionada con los hechos investigados.
• Utilidad: qué aportaba al esclarecimiento de la verdad.
• Ponderación: si la afectación al derecho a la intimidad estaba justificada.
• Vulneración de derechos: si durante la obtención se respetaron las garantías.

El juez pondera y analiza todo esto antes de impartir o negar la legalidad. No es un control formal y vacío; es un control material y profundo.

¿Qué pasa cuando el juez aprueba un control grupal?
Supongamos que en una audiencia, el abogado presenta 10 respuestas de diferentes bases de datos, sustenta cada una con todos los elementos mencionados, y el juez, después de ponderar cada una, imparte legalidad a todas en una misma audiencia. Esa acta queda firmada y la decisión es firme. Esa situación se ha repetido en múltiples ocasiones. Algunos abogados han pensado: "si esto se ha hecho tantas veces y los jueces lo han aceptado, ¿no se está formando una costumbre judicial?"

¿Y qué hay de la "costumbre judicial"? Un ejercicio intelectual

Y si el argumento de los abogados defensores fuera el siguiente: "otros jueces han aprobado controles grupales" y que eso constituye una "costumbre judicial". Analicemos este aspecto por ejercicio intelectual, sin que ello implique que se trate de un argumento jurídicamente sólido.

Función de la Costumbre	Descripción	¿Aplica aquí?
Interpretativa (secundum legem)	Ayuda a interpretar la ley cuando es oscura.	❌ No (La Corte ya interpretó el artículo 244).
Supletoria (praeter legem)	Suple el silencio de la ley.	❌ No (La ley sí regula la materia).

Para que exista costumbre jurídica se requieren uniformidad, publicidad y reiteración. Ninguno de estos elementos se cumple plenamente, ya que coexisten actas que aprueban controles grupales con actas que los niegan, y la práctica no es constante ni generalizada.

Conclusión de este ejercicio: La STP7114-2025 vino a corregir esa dispersión de criterios. Las actas de control grupal no crean un "derecho consuetudinario". Son prácticas judiciales superadas por un pronunciamiento unificador de la Corte Suprema. Un abogado podría mencionarlas como un argumento de interpretación razonable, pero no puede exigir su aplicación como si fueran ley.

Partes clave de la sentencia STP7114-2025

"El artículo en mención en el inciso tercero establece que el control de legalidad posterior debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva en bases de datos. (...) el fundamento normativo es claro en señalar que cada resultado constituye un acto independiente, cuyo control debe realizarse de manera parcial y dentro de las 36 horas posteriores a su obtención."

"Cada base revisada es individual y en cada una se verifican datos que afectan el derecho a la intimidad del investigado. (...) como cada respuesta es de una base de datos concreta e individualizada resulta razonable que la judicatura contabilice a su vez el término de control de la misma manera, individual y concretado a cada respuesta."

"Desde una óptica puramente econométrica es probable que acumular las diligencias sea más eficiente y descongestiona la administración de justicia. Sin embargo, tal argumento es constitucionalmente inadmisible pues pasa por alto que, de una parte, se trata de una injerencia en los derechos fundamentales."

📌 Conclusiones sólidas y concretas

1. La STP7114-2025 es una realidad: Cada respuesta debe ser controlada individualmente.
2. No hay jurisprudencia contradictoria: La STP7114-2025 es, por ahora, la palabra definitiva.
3. La "costumbre judicial" no es un argumento válido: La costumbre no tiene fuerza contra la ley en materia penal.
4. Sí hay argumentos para controvertirla: Teleológicos, sistemáticos, de proporcionalidad, defensa técnica, analogía y celeridad.
5. La vía correcta es atacar la constitucionalidad: Acción de tutela o demanda de inconstitucionalidad.
6. Prepárate para el escenario práctico: Planifica con anticipación, solicita control global en la audiencia previa y ten preparados todos los argumentos.

Reflexión final

La STP7114-2025 es un golpe duro para la eficiencia del sistema penal acusatorio. La Corte Suprema ha priorizado la protección del derecho a la intimidad sobre la eficiencia procesal, y lo ha hecho de una manera que, en la práctica, puede paralizar investigaciones complejas. Como abogados defensores, no podemos ignorar esta sentencia. Pero tampoco podemos rendirnos. Tenemos herramientas jurídicas para cuestionarla y, eventualmente, lograr que la Corte Suprema reconsidere su posición.

La pregunta no es si la STP7114-2025 es una buena o mala decisión. La pregunta es: ¿cómo vamos a defender nuestros casos a pesar de ella?

📚 Bibliografía y enlaces de interés

• Sentencia STP7114-2025 (Corte Suprema de Justicia, 8 de abril de 2025): https://rsanabria.co/wp-content/uploads/2025/07/STP7114-2025.pdf
• Universidad Externado de Colombia - Blog Penal: Control Posterior "fragmentado" frente a Búsquedas Selectivas
• Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP): Búsquedas selectivas en bases de datos
• Rsanabria.co: BSBD y el término de 36 horas
• Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla": Guía Judicial para Audiencias de Control de Garantías
• Corte Constitucional: Sentencias C-014 de 2018 y C-1092 de 2003.

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El Testigo Experto en el Proceso Penal Colombiano: La Ciencia No Debe Callar en los Juicios

 Introducción general

El proceso penal constituye, sin lugar a dudas, uno de los escenarios más complejos dentro del sistema jurídico colombiano. En él convergen los intereses fundamentales del Estado, representado por la persecución del delito y la protección de la sociedad; y los derechos individuales del acusado, quien goza de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un juicio justo. Estas garantías, lejos de ser meras declaraciones abstractas, cobran vigencia y sentido concreto en cada etapa del proceso judicial.

Uno de los elementos más significativos para el logro de un juicio justo en el contexto penal es, precisamente, la calidad de la prueba presentada ante el juez. La evidencia técnica y científica —encarnada en la prueba pericial y el testimonio experto— se convierte en un instrumento clave para una adecuada valoración de los hechos, sobre todo en los casos donde la controversia gira en torno a conocimientos especializados o materias ajenas al saber común del juez o tribunal.

No obstante, la práctica judicial colombiana ha revelado una tendencia preocupante: en muchos procesos, la parte acusadora (Fiscalía) omite presentar pruebas periciales o testigos expertos, debilitando las posibilidades defensivas y, en ciertos casos, propiciando decisiones basadas únicamente en testimonios o evidencias poco sólidas. Esta omisión técnica no solo afecta el principio de contradicción y la posibilidad de refutar la hipótesis acusatoria, sino que también coloca al acusado en una situación de desventaja frente a la complejidad del proceso penal.

Ante este escenario, surge la necesidad de comprender y defender la figura del testigo experto como una herramienta fundamental al servicio de la defensa técnica. No se trata únicamente de una opción procesal, sino de una garantía real para asegurar que todas las variables científicas, técnicas o artísticas sean debidamente consideradas por el juez al momento de dictar sentencia. La Ley 906 de 2004, en su artículo 403, reconoce expresamente esta figura, permitiendo que las partes lleven al juicio oral a quienes, por su formación y experiencia reconocida, puedan emitir opiniones fundadas sobre aspectos técnicos relevantes en la causa.

La importancia del testigo experto radica, por tanto, en su capacidad para democratizar el acceso al conocimiento técnico dentro de un debate judicial. Si la ciencia, la técnica y el arte son herramientas de interpretación de la realidad, el proceso penal debe abrir espacio para su voz, especialmente cuando la Fiscalía omite intencionalmente su aporte. De lo contrario, se corre el riesgo de que decisiones trascendentales para la vida y la libertad de las personas se fundamenten en impresiones subjetivas o testimonios no corroborados por el saber especializado.

El objetivo de este ensayo es explorar en profundidad el papel del testigo experto en el proceso penal colombiano, destacando su relevancia, los desafíos normativos y prácticos que enfrenta, y las estrategias para fortalecer su presencia y uso por parte de la defensa técnica. Analizaremos la evolución histórica de la prueba pericial, la diferenciación conceptual entre perito y testigo experto, el marco jurídico aplicable y la importancia de este actor para el equilibrio del proceso y la materialización de los principios constitucionales de igualdad, contradicción y defensa. Además, examinaremos casos concretos y ejemplos prácticos, así como propuestas de mejora que permitan optimizar esta figura en el futuro del sistema penal colombiano.

A lo largo de los siguientes capítulos, el lector encontrará un análisis claro, estructurado y fundamentado que busca no solo describir la figura del testigo experto, sino también inspirar a quienes ejercen la defensa técnica a asumir un rol activo y estratégico en la utilización de este recurso, garantizando así que la ciencia nunca guarde silencio en un proceso penal justo.

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La Ciencia en el Banquillo: El Rol del Testigo Experto

en el Proceso Penal Colombiano y su Impacto en la Defensa Técnica

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La ciencia no puede callar en juicio

En el marco del proceso penal acusatorio colombiano, hablar de justicia no puede limitarse a la mera aplicación formal de las leyes o a la confrontación de versiones entre la Fiscalía y la defensa. En una sociedad cada vez más compleja, donde los delitos y sus investigaciones involucran conocimientos especializados —desde la genética forense hasta la informática, pasando por la psiquiatría, la contabilidad financiera o la balística—, se hace imperioso reconocer un principio fundamental: la ciencia debe hablar en juicio.

Sin embargo, en muchos estrados del país, el testigo experto sigue siendo una figura infrautilizada, mal comprendida o incluso estigmatizada, especialmente cuando proviene de la defensa. Esto no solo desequilibra el debate judicial, sino que vulnera los derechos del acusado, quien tiene derecho a presentar su versión de los hechos con igual fuerza técnica y probatoria que la parte acusadora.

Este artículo se propone analizar en profundidad la figura del testigo experto en el sistema penal colombiano, con una mirada crítica y propositiva. No se trata de una figura decorativa o secundaria, sino de un elemento estructural del derecho a una defensa técnica, reconocida por la jurisprudencia nacional e internacional como garantía esencial del debido proceso.

Desde su definición legal hasta su papel en juicio, pasando por su valor estratégico, obstáculos prácticos, jurisprudencia relevante, propuestas de mejora y ejemplos concretos, este estudio busca responder una pregunta clave:

¿Puede haber justicia sin conocimiento técnico en los estrados?

La respuesta, como veremos, es contundente: no. En una democracia que se rige por el derecho, el conocimiento no puede ser privilegio exclusivo del Estado. En el juicio, todos deben tener la oportunidad de ser escuchados... incluso la ciencia.

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Marco normativo: lo que dice la ley sobre el testigo experto

La Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente en Colombia, establece un sistema acusatorio oral, adversarial y público, basado en la paridad de armas entre la defensa y la Fiscalía. Dentro de este marco, el testigo experto aparece regulado principalmente en el artículo 403, bajo el título “Testigo experto”.

El texto normativo establece:

"Cuando un testigo tenga conocimiento especializado en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, podrá ser interrogado en juicio como testigo experto para que ofrezca su opinión sobre hechos o elementos de prueba. Las reglas de testimonio ordinario se aplican también a este tipo de testigos."

Esta disposición, sencilla en apariencia, tiene implicaciones profundas:

·         No exige que el testigo haya practicado pruebas en el caso concreto (a diferencia del perito designado).

·         No requiere dictamen escrito previo.

·         No lo convierte en funcionario judicial, sino en testigo con conocimiento técnico.

La defensa o la Fiscalía pueden citarlo en juicio, y su participación está sujeta a las mismas reglas procesales que cualquier testigo ordinario, con el añadido de que su declaración se basa en saberes especializados que ayudan al juez a interpretar elementos probatorios complejos.

Esta figura es complementada por otros artículos del Código como:

·         Art. 373: Valoración del testimonio.

·         Art. 376: Facultades del juez frente a los testigos.

·         Art. 404: Limitaciones del testigo experto.

·         Art. 377: Apreciación del testimonio bajo principios de lógica, ciencia y experiencia.

El bloque de constitucionalidad también respalda esta figura. El artículo 29 de la Constitución garantiza la defensa técnica como derecho fundamental. Y el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho del acusado a disponer de los medios adecuados para su defensa.

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¿Qué es un testigo experto y en qué se diferencia del perito?

Una de las mayores confusiones prácticas que enfrenta el litigio penal en Colombia es la diferencia entre el perito y el testigo experto. A pesar de que ambas figuras comparten la característica de poseer conocimientos técnicos o científicos, su naturaleza, su rol y su modo de actuación en juicio son muy distintos.

El perito

·         Es designado por el juez, la Fiscalía o la defensa para rendir un dictamen técnico.

·         Su intervención suele darse antes del juicio oral.

·         Emite un informe pericial escrito, que puede ser objeto de contradicción.

·         Es citado al juicio principalmente para defender su informe ante las partes.

El testigo experto

·         No necesariamente interviene en etapas previas del proceso.

·         Puede ser citado solo para juicio oral, sin haber tenido contacto previo con el caso.

·         No requiere dictamen escrito ni informe.

·         Su función principal es opinar con base en sus conocimientos sobre hechos, evidencias, informes ajenos o conceptos generales que ayuden al juez a comprender un punto clave.

Un ejemplo práctico

La Fiscalía presenta en juicio un dictamen de balística realizado por el perito del CTI. La defensa, sin haber tenido acceso a otro perito que practicara pruebas, presenta como testigo experto a un profesor universitario de balística con 20 años de experiencia. Este revisa el informe oficial, detecta inconsistencias metodológicas y las expone ante el juez, quien comprende que el dictamen oficial no es concluyente. Resultado: el testigo experto de la defensa nivela el debate técnico.

 Desafíos y obstáculos en el uso del testigo experto en la defensa técnica

El reconocimiento del testigo experto como herramienta fundamental para el ejercicio de la defensa técnica marca un avance necesario y progresivo en el sistema penal colombiano. Sin embargo, la práctica judicial diaria revela una serie de desafíos y obstáculos que dificultan su adecuado aprovechamiento. Identificar estas barreras permite no solo comprender la brecha entre la norma y la realidad, sino también orientar estrategias para su superación.

 Limitaciones de acceso a expertos

Uno de los retos más visibles es la dificultad de la defensa, especialmente en procesos de escasos recursos, para acceder a expertos calificados y dispuestos a comparecer en juicio. Contratar profesionales especializados puede implicar costos elevados, y muchas veces el sistema de defensa pública carece de mecanismos ágiles para solicitar, financiar y asegurar la comparecencia de estos expertos.

Ejemplo: Un defensor público requiere el aporte de un genetista forense y no dispone de dinero para su contratación ni de una red oficial de expertos voluntarios, lo cual limita su capacidad de presentar una defensa técnica robusta.

 Falta de cultura litigiosa sobre la figura

A pesar de la regulación expresa, no todos los operadores judiciales comprenden plenamente el alcance ni la utilidad del testigo experto. A veces, jueces o fiscales restringen de manera indebida el uso de estos testimonios, exigiendo requisitos que solo aplican a los peritos formales, como el registro previo o la necesidad de dictamen escrito. Esta resistencia, fundada en viejas prácticas inquisitivas, puede anular o desvalorizar la intervención del experto.

Ejemplo: Un juez rechaza la intervención de un bioquímico llamado como testigo experto porque no rindió dictamen previo, desconociendo que el artículo 403 de la Ley 906 permite su testimonio directo basándose en experiencia y formación.

Dificultades en la valoración probatoria

El testimonio del experto suele enfrentarse al reto de la valoración judicial: ¿tendrá el mismo peso que un dictamen pericial oficial? Algunos tribunales, por tradición o desconocimiento, otorgan prioridad a los informes de instituciones estatales, minimizando el alcance del aporte privado, aun cuando sea técnicamente superior o más actual.

Ejemplo: Una sentencia otorga mayor valor probatorio al informe grafotécnico de la Fiscalía, ignorando las objeciones técnicas fundadas del experto independiente presentado por la defensa.

Ataques a la idoneidad y la imparcialidad

La utilidad del testigo experto depende en gran medida de su credibilidad ante el juez. No es inusual que la parte contraria (especialmente la Fiscalía) ataque la idoneidad, independencia o relevancia profesional del experto presentado por la defensa, buscando desacreditar su testimonio y sembrar dudas sobre la imparcialidad de su opinión.

Ejemplo: En un juicio oral, la Fiscalía insiste en que el experto de la defensa es “contratado” y, por tanto, parcial, omitiendo que la imparcialidad también puede ser discutida en los peritos oficiales o institucionales.

 4.5 Barreras procedimentales y logísticas

Existen también obstáculos de orden práctico: dificultades para notificar y garantizar la comparecencia del experto (su residencia fuera de la jurisdicción, problemas de agenda, o incluso intimidaciones), falta de tiempo suficiente para el contrainterrogatorio o carencia de medios tecnológicos para exponer teoría técnica y evidencia digital ante el tribunal.

Ejemplo: Un ingeniero experto en reconstrucción de accidentes tiene compromisos profesionales y solo puede asistir al juicio en fecha incompatible con el calendario judicial, dificultando su presencia efectiva.

 La figura del testigo experto: definición, regulación y características

La figura del testigo experto se ha consolidado en el proceso penal colombiano como un pilar indispensable para asegurar la comprensión profunda y adecuada de materias técnicas, científicas o artísticas. Su correcto entendimiento y utilización es fundamental para el desarrollo de juicios justos, sobre todo en asuntos donde la complejidad supera la experiencia ordinaria de los jueces y demás actores procesales.

Diferencias entre testigo experto y perito

Ambas figuras —perito y testigo experto— cumplen un papel esencial dentro del proceso penal, pero no son equivalentes ni intercambiables. Veamos sus diferencias principales:

El perito 

- Es nombrado formalmente por el juez, la Fiscalía o la defensa para rendir un dictamen técnico dentro del proceso (Art. 402 Ley 906 de 2004).

- Su intervención comprende la elaboración de un informe escrito sobre preguntas o hechos específicos.

- Generalmente su actuación inicia en las etapas previas al juicio oral, y su dictamen se introduce como elemento probatorio durante el juicio.

- Está sujeto a reglas estrictas de nombramiento, controles de imparcialidad y generalmente debe acreditarse en un registro oficial de peritos.

El testigo experto 

- Está regulado expresamente por el Artículo 403 de la Ley 906 de 2004.

- No requiere haber sido designado formalmente ni haber presentado previamente un dictamen escrito.

- Es presentado por las partes para dar opinión técnica o científica a partir de su conocimiento general o especializado, en relación directa con la evidencia del caso.

- Puede ser un académico, profesional, científico o técnico que, por su experiencia e idoneidad, puede explicar al juez o tribunal elementos complejos o formar una opinión en torno a informes existentes.

- A diferencia del perito, su testimonio proviene más de la formación acumulada y no de la intervención directa en el caso bajo análisis.

Esta diferencia ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia: 

> “El testigo experto no necesita haber presenciado los hechos; su rol es explicar aspectos técnicos que ayuden al juez a entender elementos complejos del caso.” 

> — Sentencia SP2342-2018

La presencia del testigo experto ofrece a la defensa un recurso invaluable para desvirtuar hipótesis fiscales, aclarar imprecisiones científicas o presentar interpretaciones alternativas sobre la evidencia.

Marco jurídico nacional e internacional

A. Normas nacionales

Colombia regula al testigo experto en varios cuerpos normativos y líneas jurisprudenciales:

- Ley 906 de 2004, Artículo 403: Establece expresamente que las partes pueden presentar testigos con formación profesional, científica, artística o técnica para emitir dictámenes u opiniones fundadas, sin la exigencia de que dicha persona haya presenciado los hechos materia del proceso.

- Artículo 373 Ley 906: Exige que toda prueba sea relevante, necesaria y admisible, aplicable a los testimonios expertos.

- Sentencia C-1154 de 2005, Corte Constitucional: Reitera la necesidad de permitir el acceso a expertos, señalando que “negar la intervención de quien está en capacidad de aportar ciencia y técnica es desconocer la función esencial de la pericia en el Estado de Derecho moderno”.

B. Marco internacional

El derecho internacional refuerza el uso de expertos en el proceso penal:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 8: Garantiza el derecho a un juicio justo, incluyendo la posibilidad de obtener la comparecencia, recepción y contrainterrogatorio de testigos o peritos.

- Caso García Lucero vs. Chile, Corte IDH (2013): La CIDH subrayó el derecho de las partes a presentar y contrainterrogar testigos expertos, y la obligación de los Estados de asegurar medios para un debate técnico transparente y contradictorio.

 3.3 Jurisprudencia relevante

El desarrollo jurisprudencial ha sido esencial para definir el alcance y naturaleza del testigo experto en Colombia:

Sentencia SP2342-2018, Corte Suprema de Justicia 

Ratifica que el testigo experto es admisible aun sin vínculo directo con los hechos, y que su función radica en ilustrar al juez sobre elementos técnicos complejos.

Sentencia C-1154 de 2005, Corte Constitucional 

Advierte que el cierre arbitrario a la intervención de expertos es inconstitucional, y que la ciencia debe tener voz en la búsqueda de la verdad procesal.

Sentencia SP1790-2021, Corte Suprema de Justicia 

Declara la nulidad de una condena cuando faltan peritos que sustenten la prueba principal, reiterando la necesidad de soporte técnico para dictar sentencias justas.

Estos precedentes consolidan el derecho de las partes — en especial de la defensa— a recurrir a expertos independientes incluso en ausencia de peritos formales designados por el Estado.

 En conclusión, el testigo experto no solo amplía el espectro de herramientas técnicas para las partes, sino que se convierte, en entornos litigiosos complejos, en un verdadero garante del debido proceso. Su regulación transparente y su reconocimiento en la jurisprudencia nacional e internacional dotan a la defensa de un instrumento eficaz para equilibrar el debate judicial, fortalecer la búsqueda de la verdad y garantizar sentencias fundadas en conocimiento, no en suposiciones.

La Defensa Penal en Delitos Sexuales: ¿Luchar por la Justicia o Rendir la Batalla?

La Defensa Penal en Delitos Sexuales: ¿Luchar por la Justicia o Rendir la Batalla?

Por: Miguel Hernando Pulido Mayorga – Investigador Penal

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Introducción

He caminado junto a muchos abogados penalistas. He visto su esfuerzo en las madrugadas preparando un contrainterrogatorio, su tensión frente a un juez que apenas los escucha, y su angustia cuando el peso de la acusación parece haberse decidido incluso antes de que empiece el juicio. Este artículo no es un reproche, es una reflexión desde la experiencia, una invitación respetuosa a resistir cuando todo empuja a rendirse.

En Colombia, los delitos de connotación sexual se han convertido en verdaderos campos de batalla procesal y social. La opinión pública, la presión ideológica, y en algunos casos, la desinformación, generan un entorno en el que la presunción de inocencia parece haber sido reemplazada por la sospecha automática.

Este texto busca reconocer la labor de la defensa penal y, al mismo tiempo, recordarnos que aún en los contextos más adversos, la lucha por el debido proceso y la verdad sigue siendo posible y necesaria.

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1. El Rol del Abogado Defensor: ¿Técnico, Creyente o Estratega en Tiempos Difíciles?

Ser abogado defensor en Colombia hoy no es para cobardes. Es un rol que exige equilibrio entre técnica, estrategia, humanidad… y fe. Fe en el sistema, en la verdad y en el derecho a ser oído sin prejuicios.

La mayoría de abogados penalistas que conozco no solo cumplen con su deber, lo sobrepasan. Forman equipos con peritos, investigadores y técnicos, atienden con empatía a sus defendidos y luchan, incluso contra todo pronóstico. Pero también es cierto que en ocasiones, la realidad judicial golpea fuerte: la contundencia de los testimonios, la fuerza simbólica del relato de la víctima, y las estadísticas que muestran fallos casi siempre condenatorios, pueden llevar a decisiones procesales tempranas, como los preacuerdos o la aceptación de cargos, no como claudicación, sino como estrategia de contención de daños.

Este artículo no pretende señalar a nadie. Al contrario, rinde homenaje a quienes, en silencio, siguen creyendo en la defensa como vocación. Pero también invita a revisar colectivamente las herramientas, a recordar que rendirse sin intentar puede ser una injusticia tan grande como una condena sin pruebas.

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2. La Presión Ideológica: Entre el Activismo y el Estrado Judicial

No se puede negar que hoy el escenario penal está influenciado por fuertes corrientes ideológicas. Movimientos sociales como el feminismo radical o el activismo de género han logrado avances necesarios en la protección de poblaciones vulnerables, pero también han provocado, sin querer o queriendo, una inclinación en la balanza judicial.

Se privilegia la narrativa de la víctima como verdad incuestionable. El acusado, por el solo hecho de ser hombre, entra al proceso marcado por un estigma que resulta difícil de desmontar.

Frente a esto, muchos abogados prefieren no controvertir demasiado, temiendo ser tildados de “revictimizadores” o de “cómplices del patriarcado”. Es un dilema ético y profesional complejo, y es allí donde la inteligencia estratégica y la argumentación jurídica sólida deben ser el escudo del defensor.

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3. La Defensa Técnica: No Renunciar a las Armas del Derecho

La Ley 906 brinda herramientas poderosas que muchas veces se subutilizan, no por negligencia, sino por desgaste o por una lectura desfavorable del panorama. Sin embargo, una defensa sin recursos técnicos y estratégicos es como un combate sin escudo.

¿Qué recursos nunca deberían faltar?

• Peritos independientes: psicólogos, médicos, expertos digitales.

• Investigación periférica: reconstrucción de hechos, búsqueda de contradicciones.

• Interrogatorio técnico de los testigos expertos de la Fiscalía.

• Presentación de los peritos propios como testigos expertos, para explicar fenómenos como la falsa memoria, la alienación parental o la sugestión inducida.

“El dictamen pericial, debidamente controvertido y contextualizado, puede tener valor determinante para acreditar o descartar la comisión de un hecho.”
— Sentencia SP4632-2022, Corte Suprema de Justicia

Uno de los errores más comunes es asumir que el informe del perito de la Fiscalía es una especie de verdad técnica inmodificable. Nada más alejado de la realidad. Todo dictamen, por muy científico que parezca, es una opinión especializada, sujeta a contradicción y análisis.

Por eso, una defensa sólida debe insistir en los interrogatorios directos y contrainterrogatorios amplios, técnicamente diseñados y legalmente permitidos, no solo a los testigos de hechos, sino especialmente a los peritos.

¿Qué debe contener un buen interrogatorio a un perito de la Fiscalía?

• Preguntas sobre su experiencia real en casos similares, su formación académica, su tiempo en la institución.

• Interrogantes sobre la metodología empleada: ¿fue validada? ¿aplicó protocolos reconocidos? ¿cuántas veces ha sido cuestionada su técnica?

• Indagación sobre sesgos posibles en la entrevista, errores en la transcripción, omisión de detalles o contradicciones entre el relato verbal de la presunta víctima y lo escrito en el dictamen.

• Confrontación con otras fuentes: ¿revisó el contexto completo? ¿tuvo en cuenta la versión del acusado? ¿revisó registros escolares, sociales, médicos?

¿Y si la Fiscalía no presenta al perito como testigo?

Allí la defensa debe actuar con iniciativa. La ley no impide que la defensa solicite como testigo directo al perito de la Fiscalía, aun si el ente acusador decide omitirlo. Esto no solo permite interrogarlo directamente, sino que obliga al tribunal a escuchar el informe de forma activa y con posibilidad de contradicción, tal como lo establece el principio de legalidad de la prueba.

Muchas veces la Fiscalía se limita a introducir el dictamen como documento o incluso solo a mencionarlo de forma incidental. En esos casos, si el perito no testifica y la defensa no lo llama, se pierde una oportunidad crucial para:

• Cuestionar la validez del dictamen.

• Exponer vacíos metodológicos.

• Sembrar duda razonable sobre las conclusiones.

El juicio oral no es un trámite: es un escenario vivo, donde el lenguaje, los gestos, la preparación del interrogador y el uso oportuno de la ley marcan la diferencia.

“No hay dictamen infalible; hay dictámenes no contradichos. Y el juicio oral es el único lugar donde se debe librar esa batalla.”
— Máxima procesal recogida en doctrina penal contemporánea

En suma, el perito no es una autoridad incuestionable. Es un profesional con límites, y como tal, debe ser escuchado, interrogado y, si es el caso, refutado. Pero eso solo es posible si la defensa se prepara con técnica, con conocimiento y con firmeza.

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4. La Pregunta Difícil: ¿Cuánto Cuesta Defenderse?

Es una verdad incómoda: la defensa técnica cuesta. Los peritos, investigadores y abogados capacitados no trabajan gratis. Y sin embargo, frente a una condena de 15 o 20 años por un hecho que no ocurrió o que fue magnificado por intereses ajenos a la verdad, la inversión no es en abogados: es en la vida misma.

Hoy existen alternativas: pagos por cuotas, asesorías escalonadas, alianzas jurídicas, incluso campañas de financiación legal. Pero lo más importante es entender que el precio de una defensa digna no debe verse como gasto sino como escudo de la libertad.

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5. Cuando el Proceso Penal ya es un Castigo

En muchos casos, el juicio no ha comenzado y el acusado ya ha sido condenado socialmente:

• Ha perdido su trabajo.

• Sus hijos le han dado la espalda.

• Sus círculos sociales lo han borrado.

Y lo más doloroso: el niño o niña en el centro del conflicto, muchas veces manipulado o confundido por conflictos entre adultos, crece atrapado en una historia que puede no ser del todo cierta.

En estos casos, el rol del abogado no es solo jurídico. Es humano, psicológico, restaurativo. La defensa no solo debe cuidar al acusado, sino proteger la verdad para que no sea víctima también el menor, ni se convierta en herramienta del rencor.

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6. La Jurisprudencia Está de Parte del que Lucha

El sistema judicial colombiano reconoce el valor de la defensa activa:

“La falta de diligencia de la defensa en aportar elementos de prueba o solicitar peritajes no puede ser suplida por el juez.”
— Sentencia C-209 de 2007, Corte Constitucional

Esto significa que el defensor debe hacer todo lo posible, porque nadie lo hará por él ni por su cliente.

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7. Conclusión: No Rendir la Toga

La defensa penal no es un trámite ni una estrategia de supervivencia profesional. Es un acto de fe y coraje. No siempre se gana, es cierto. Pero rendirse antes de empezar es cederle el alma al sistema sin haber peleado.

Este texto no juzga a nadie. Solo busca recordar que aún es posible resistir. Que con técnica, estrategia y humanidad, se puede defender sin ser enemigo de nadie. Defender no es negar el dolor de la víctima; es proteger el derecho de todos a que la verdad no se sacrifique por presión ni por ideología.

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Llamado Final

• A los abogados: Ustedes son más necesarios que nunca. No se rindan. Luchen con las armas del derecho, no con resignación.

• A los jueces: Sean garantes, no intérpretes ideológicos. La Constitución está por encima de toda agenda.
  

• A la sociedad: No condenen sin prueba. Escuchen. Duden. Pregunten. Porque mañana puede ser otro el señalado… incluso usted.

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Fuentes consultadas:

• Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Colombiano).

• Corte Suprema de Justicia – Sentencia SP4632-2022.

• Corte Constitucional – Sentencia C-209 de 2007.

• Innocence Project – Reportes sobre falsas condenas.

• Doctrina penal: Fernando Velásquez Velásquez, Jorge Molano Cruz.

Miguel Hernando Pulido 
Director de ABCJuris Investyigadores y peritos forenses

ABCJuris Investigadores judiciales y peritos forenses oficinas en San Mateo Terreros (Soacha), o en Bogotá en la Carrera 15 # 88-21 oficina 702. También puede contactarnos a través de WhatsApp al 57 1 317 414 52 36 o enviarnos un correo electrónico a info.abcjuris@gmail.com o abcjurisoficina@gmail.com

SOBRE EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA T-526-2023

 

Este análisis busca esclarecer que, aunque la Corte actúe para proteger los derechos de los menores, la realidad de la alienación parental y las disputas por custodia son temas complejos que requieren atención y abordaje específicos en cada caso.

 

 

El 5 de enero de 2024, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T-526-2023, Proferida por la Magistrada Diana Fajardo, prohibió el uso del término "Síndrome de Alienación Parental" (SAP) en los procesos judiciales. La Corte argumentó que este concepto no está respaldado por la ciencia, puede violar los derechos de los niños y niñas, y perpetúa estereotipos de género que contribuyen a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, es crucial analizar este fallo en el contexto de la realidad práctica donde sí existe la alienación parental, y cómo esto se relaciona con las disputas de custodia y acusaciones de abuso sexual.

 

 1. La Decisión de la Corte: Un Resumen

 

- Prohibición del SAP: La Corte establece que el SAP no tiene un sustento científico y puede ser utilizado para desacreditar las denuncias legítimas de abuso o violencia en contra de mujeres y niños.

- Instrumentalización de Menores: Reconoce que, aunque puede suceder que algún progenitor instrumentalice a los hijos en disputas, este tema requiere un análisis más profundo y cuidadoso, utilizando herramientas validadas por la ciencia que respeten los derechos de los menores.

 

 2. La Realidad de la Alienación Parental

 

A pesar de la decisión de la Corte, en la práctica, muchos padres pueden experimentar la alienación parental como una realidad dolorosa. La alienación parental ocurre cuando un padre, ya sea por venganza o resentimiento hacia el otro progenitor, manipula a su hijo para que rechace o se aleje de dicho progenitor. Veamos algunos puntos clave:

 

- Instrumentalización Emocional: Esto no es un "invento" o una simple estrategia de litigio, sino un fenómeno real donde un hijo puede ser usado como herramienta en la disputa entre los padres, afectando su bienestar emocional y psicológico.

- Efectos en los Menores: Los niños que experimentan alienación parental pueden sufrir confusión, ansiedad y problemas de relación en el futuro, afectando su desarrollo y bienestar emocional.

 

 3. Diferenciando Accusaciones Falsas y Custodia de Menores

 

Es esencial hacer una distinción clara entre dos situaciones que a menudo se entrelazan pero que son diferentes:

 

- Acusaciones Falsas de Abuso: Cuando un padre denuncia falsamente al otro por abusos sexuales. Esto puede ser una táctica para ganar ventaja en una batalla por la custodia o simplemente una reacción ante una situación de frustración o venganza.

- Disputa de Custodia: Aquí se trata de determinar a quién se le otorgará la custodia del menor, y los juicios pueden volverse complicados cuando, como hemos visto, se introducen acusaciones de abuso y el tema de la alienación parental.

 

 4. Análisis Comparativo de la Decisión y la Práctica

 

La sentencia de la Corte refleja una preocupación válida por proteger a los niños de procesos judiciales que pueden resultar dañinos. La prohibición del SAP busca evitar que las voces de los menores sean desestimadas. Sin embargo:

 

- Desafíos en la Práctica: Las denuncias de abuso no siempre son falsas. Si bien el SAP ha sido desacreditado, esto no niega la realidad de que algunos progenitores pueden manipular a los hijos. Por lo tanto, los jueces deben ser cautelosos y formarse adecuadamente en la identificación de situaciones genuinas de manipulación frente a denuncias legítimas de abuso.

- Instrumentos Adecuados: La Corte sugiere que se deben utilizar herramientas científicas y con enfoque de derechos para evaluar las situaciones, lo que implica una capacitación adecuada y un enfoque interdisciplinario que incluya la psicología, el derecho familiar y la protección infantil.

 

 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

La sentencia T-526-2023 de la Corte Constitucional plantea importantes reflexiones sobre la protección de los derechos de los menores en contextos de disputa familiar. Sin embargo, su prohibición del SAP no debe llevar a un desprecio completo de la realidad de la alienación parental.

 

- Formación Integral: Es crucial que los profesionales del derecho, psicólogos y trabajadores sociales estén capacitados para detectar y abordar adecuadamente las dinámicas de alienación parental sin olvidar la importancia del bienestar del niño.

- Proteger a los Menores: Se deben implementar protocolos que reconozcan tanto las injusticias que enfrentan los hombres en disputas de custodia como las vulnerabilidades de las mujeres y los niños. El sistema judicial debe ser un espacio donde se escuchen todas las voces, tratándose de manera justa y equitativa a cada parte involucrada.

 

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El artículo proporciona 10 consejos para demostrar la existencia de alienación parental en un juicio oral en Colombia, en el contexto de la sentencia T-526-2023 de la Corte Constitucional y la Ley 906. Estos consejos incluyen:

 

1. Documentación de Comportamiento del Menor: Registrar cambios en el comportamiento del niño que indiquen influencia externa.

2. Testimonios de Terceros: Reunir declaraciones de maestros, psicólogos o familiares que corroboren la percepción del menor.

3. Evaluaciones Psicológicas: Solicitar evaluaciones profesionales que identifiquen signos de alienación parental.

4. Historial de Comunicación: Presentar evidencia de la comunicación entre progenitores que muestre intentos de socavar la relación del menor.

5. Registro de Actividades y Eventos: Documentar eventos familiares a los que se impide que el menor asista por influencia del progenitor alienador.

6. Reuniones Judiciales o de Mediación: Registrar incidentes en los que uno de los progenitores menosprecie al otro en presencia del niño.

7. Cambios en Hábitos del Menor: Anotar cambios en las rutinas del menor que coincidan con la influencia del progenitor alienador.

8. Evidencia de Influencias Negativas: Recopilar pruebas de comentarios negativos sobre el otro progenitor en presencia del niño.

9. Denuncias Precedentes: Utilizar denuncias anteriores que indiquen manipulación o falta de interés del progenitor alienador.

10. Documentación Médica: Obtener registros médicos que respalden síntomas físicos o emocionales del menor relacionados con la influencia del progenitor alienador.