Esto significa que las partes tienen la libertad de aportar cualquier medio de prueba permitido por la ley para respaldar sus argumentos y demostrar la veracidad de los hechos que están reclamando. Los jueces, a su vez, tienen la autoridad para analizar y valorar estas pruebas, sin estar sujetos a reglas fijas o preestablecidas sobre cómo deben ser valoradas.
En resumen, la libertad probatoria implica que las partes pueden presentar pruebas legales para respaldar sus argumentos, y los jueces tienen la autonomía para evaluar y valorar estas pruebas de manera justa y objetiva, sin estar limitados por tarifas legales específicas.
En Colombia, la libertad probatoria es un principio fundamental en el sistema de justicia que se refiere a la amplia facultad que tienen las partes en un proceso judicial para presentar pruebas con el fin de demostrar sus argumentos y defender sus intereses. Este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia y en el Código General del Proceso.
La libertad probatoria implica que las partes tienen la posibilidad de aportar todo tipo de pruebas que consideren pertinentes y útiles para sustentar sus pretensiones o defensas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de legalidad y pertinencia establecidos en la ley. Además, este principio también implica que el juez está facultado para valorar las pruebas presentadas y decidir su peso probatorio en función de las circunstancias particulares de cada caso.
En resumen, la libertad probatoria en Colombia garantiza a las partes el derecho a presentar pruebas y a que estas sean valoradas de manera justa y equitativa en el proceso judicial, contribuyendo a la búsqueda de la verdad y a la protección de los derechos de las partes involucradas.
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